La Orden TDF/149/2025, de fecha 12 de febrero, establece una serie de medidas específicas para combatir las estafas relacionadas con la suplantación de identidad que se llevan a cabo a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos. Estas prácticas ilegales han aumentado considerablemente, y la normativa busca ofrecer una respuesta integral para proteger a los ciudadanos y asegurar un entorno más seguro en el ámbito de las telecomunicaciones.
Objetivos y Alcance de la Orden
El objetivo principal de la orden es proporcionar un marco regulador que permita frenar las estafas telefónicas y los fraudes electrónicos en los que los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas (como bancos, compañías telefónicas, instituciones públicas, etc.) para obtener datos personales o financieros de los usuarios. Estos fraudes incluyen el uso de números de teléfono falsificados o modificados para parecerse a los de empresas confiables o autoridades, engañando a los consumidores.
Además, se establece una medida para la identificación de la numeración utilizada tanto para la atención al cliente como para las llamadas comerciales no solicitadas. De esta manera, se pretende que todas las llamadas comerciales, ofertas o comunicaciones relacionadas con servicios a distancia sean completamente transparentes, lo que facilitará la identificación de los números implicados.
Medidas Clave
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Registro y Autenticación de Numeraciones: Se obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a garantizar que los números utilizados para llamadas comerciales o atención al cliente sean identificables. De esta forma, cualquier intento de suplantación de identidad mediante números que simulen ser de empresas legítimas se vería limitado.
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Transparencia en la Identificación de Llamadas y Mensajes: Las empresas deben garantizar que los usuarios puedan identificar con claridad la procedencia de las llamadas, evitando confusiones con números o nombres falsos. Asimismo, los mensajes de texto fraudulentos, que muchas veces buscan obtener información personal del receptor, también estarán sujetos a controles más estrictos.
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Responsabilidad de las Empresas: Las empresas que realicen llamadas comerciales no solicitadas o servicios de atención al cliente deben ser plenamente responsables de las numeraciones utilizadas y de la información proporcionada a los usuarios. En caso de que se detecten prácticas de fraude o suplantación, estas empresas pueden enfrentarse a sanciones.
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Protección al Consumidor: La orden subraya que los consumidores deben estar protegidos ante cualquier intento de fraude, para lo cual se establecen procedimientos para que puedan denunciar casos de suplantación de identidad y fraudes relacionados con comunicaciones telefónicas y electrónicas. También se incentivará la colaboración entre las autoridades de telecomunicaciones y los cuerpos de seguridad para facilitar la detección y persecución de los responsables de estos fraudes.
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Colaboración entre Administraciones y Entidades: La normativa promueve una mayor cooperación entre los organismos reguladores del sector de las telecomunicaciones, las entidades financieras, los operadores de telecomunicaciones y otras entidades públicas y privadas, con el objetivo de crear un frente común contra las estafas y la suplantación de identidad.
Impacto Esperado
La implementación de estas medidas tiene como objetivo reducir el número de casos de estafas relacionadas con la suplantación de identidad, especialmente aquellas que se realizan a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. La orden también busca aumentar la confianza de los ciudadanos en los sistemas de comunicación y en las empresas que prestan servicios, promoviendo una mayor seguridad en las interacciones comerciales y personales realizadas a través de medios electrónicos.
En resumen, la Orden TDF/149/2025 es un paso importante hacia un control más riguroso de las prácticas de suplantación de identidad en el ámbito de las telecomunicaciones, con un enfoque integral que incluye medidas preventivas, responsabilidades claras para las empresas y mayor protección para los consumidores.
